Esta semana, la seguridad volvió a convertirse en un problema económico y político para México. Desde la suspensión temporal de las inspecciones estadounidenses que puso en riesgo la exportación de aguacate desde Michoacán, hasta las acusaciones sobre la influencia de Los Chapitos en la elección de Sinaloa, el crimen organizado aparece una vez más no solo como un problema de violencia, sino como una estructura capaz de afectar mercados, procesos políticos e instituciones. También revisamos la detención de Ángel Aguirre Rivero por el presunto encubrimiento de evidencia en el caso Ayotzinapa, casi doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes.
El panorama internacional tampoco da tregua: Corea del Norte podría ampliar su participación militar junto a Rusia en la guerra de Ucrania, Colombia enfrenta las consecuencias de un fuerte terremoto y Trump protagoniza una operación de seguridad que mantuvo en secreto la forma en que salió de Turquía. A esto se suman los nuevos aranceles de China a la nuez mexicana y estadounidense, el caso de Lindsay Clancy y el nuevo intento de Trump por destrabar la guerra en Gaza, ahora atorado por el rechazo de Netanyahu a retirar sus fuerzas mientras Hamás conserve armas. Porque cuando seguridad, comercio, guerra y política se cruzan, las consecuencias terminan llegando mucho más lejos de donde empezó el problema.
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