El Gobierno regulariza a casi un millón de inmigrantes con el argumento de que ayudarán a pagar nuestras pensiones. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de medirlo: el impacto de esa regularización sobre las cotizaciones promediará un 0,03 % del PIB al año hasta 2050 —en su propio cuadro lo redondea a CERO—. Y cuando se incorpora el gasto en pensiones futuras que esos cotizantes devengan, la contribución neta puede ser incluso negativa. Ni la regularización de ahora ni los flujos masivos de las próximas dos décadas salvan un sistema que el envejecimiento empuja hacia el 16 % del PIB de gasto y el 125 % de deuda pública.